Córdoba: la odisea cotidiana de conseguir un certificado, una prótesis o una terapia a tiempo

Son las nueve de la mañana en la sala de espera de un hospital público de la ciudad de Córdoba y Marta, vecina de barrio Alberdi, lleva en la mano un sobre con estudios que viene arrastrando desde hace semanas. Cuenta que pidió turno para la junta evaluadora en junio, le dieron fecha para septiembre y todavía está ahí, sentada, con su hija de siete años, esperando que la llamen para iniciar el trámite del Certificado Único de Discapacidad. Acá en la zona centro, me dice mientras acomoda la carpeta sobre la falda, todos los días escuchamos la misma historia: alguien que peregrina durante meses para conseguir una silla adaptada, una sesión de kinesiología o un medicamento que no aparece en la farmacia del hospital.

Esa escena, multiplicada en cada hogar, fue la que decidió a la Defensoría del Pueblo de Córdoba a armar un relevamiento propio, presentado el 5 de octubre de 2026, donde se describen los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), a terapias, a prótesis y a medicamentos. Nosotros, como periodistas, nos propusimos repasar ese documento porque ayuda a entender por qué tantas familias sienten que el sistema las deja a la intemperie.

Turnos que tardan meses y consultas que se estiran

El informe advierte que en la ciudad de Córdoba funcionan juntas evaluadoras en siete hospitales públicos y que dos de ellos son pediátricos, donde las citas se otorgan con esperas de dos a tres meses. A esa primera demora se suma la dificultad para conseguir consultas con los especialistas que deben intervenir en la certificación, un paso previo que para muchos se vuelve un cuello de botella adicional. La consecuencia directa es que las familias llegan al turno con la documentación vencida o incompleta y deben empezar el circuito de nuevo.

Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, describió plazos de cuatro a nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación. Son cifras que reflejan lo declarado por los propios afectados en entrevistas y grupos focales, y por eso sirven para describir experiencias, no para medir con precisión estadística cuántos casos hay en toda la provincia.

Lo que pagan las familias mientras esperan

El documento recoge testimonios de madres y padres que, mientras esperan la respuesta del sistema público o de la obra social, terminan poniendo plata de su bolsillo para que la rehabilitación no se corte. Una de las entrevistadas, por ejemplo, contó que mantuvo atención particular durante alrededor de dos años y que hoy gasta entre 150.000 y 180.000 pesos por mes solo en sesiones, sin contar traslados ni apoyos escolares.

Esa sobrecarga económica, señala la Defensoría, recae de manera desigual sobre las mujeres: varias madres relataron que tuvieron que reducir su jornada laboral, dejar trabajos formales o resignar ingresos para acompañar a sus hijos en los tratamientos. La consecuencia es doble, porque se pierde plata del hogar y se pierde también la posibilidad de sostener la obra social que, en muchos casos, es la que debería cubrir esas mismas prestaciones.

• CUD: dos a tres meses para conseguir turno en juntas pediátricas, con dificultades adicionales para ver especialistas.
• Prótesis y medicamentos: entre cuatro y nueve meses de espera según los casos relevados.
• Centros de rehabilitación: ingresos que pueden estirarse de nueve a catorce meses.
• Pagos a prestadores: atrasos de varios meses y hasta un año por parte de obras sociales y programas estatales.

El cuadro se completa con un dato que golpea a quienes ofrecen los servicios: entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional aumentaron un 225 por ciento, mientras que la inflación acumulada llegó al 336 por ciento. En el mismo período, el combustible nafta súper subió 559 por ciento y el valor reconocido por kilómetro apenas se ajustó 231 por ciento, una diferencia que el informe vincula con las dificultades de las instituciones para sostener los traslados y, en algunos casos, con la decisión de recortar gastos de funcionamiento.

Lo que viene, según esperan las familias

Más allá del diagnóstico, el informe de la Defensoría deja entrever lo que las personas con discapacidad y sus familias esperan que pase a partir de ahora: que se amplíen las juntas evaluadoras, que se actualicen los aranceles en línea con la inflación, que los pagos a prestadores dejen de atrasarse un año y que se reconozca el costo real del transporte para que los servicios no desaparezcan. Marta, mientras tanto, mira el cartel de los consultores, se acomoda el bolso y me dice, con una mezcla de paciencia y hartazgo, que lo único que ella pide es que a su hija la atiendan antes de que el próximo turno vuelva a quedar lejos. Esa es, en definitiva, la expectativa que recorre cada uno de los testimonios que la Defensoría recogió para escribir este mapa de esperas.