El cosechero ya no tiene que elegir entre el surco y el plan: el Gobierno prorrogó por un año el régimen que compatibiliza empleo rural registrado con asignaciones y Tarjeta Alimentar

Para miles de familias rurales de la Argentina profunda, cada campaña agrícola plantea una disyuntiva que no aparece en los grandes titulares económicos: entrar a la cosecha y perder los beneficios que sostienen al grupo familiar el resto del año, o quedarse afuera del mercado de trabajo formal para no resignar esa red de contención. Esa contradicción dejó de ser un dilema teórico a partir de un régimen que ya lleva cinco años de funcionamiento y que acaba de recibir una nueva prórroga de doce meses, con lo que el Estado busca darle previsibilidad al sector hasta el 1 de septiembre de 2027, según el Decreto 1204/2026 publicado esta semana en el Boletín Oficial.

La norma no innova en el contenido: lo que hace es extender por un año más un mecanismo creado en 2021 para resolver un problema estructural del trabajo agrario, donde la estacionalidad y la discontinuidad de los ciclos productivos hacen que la registración plena sea, en muchos casos, incompatible con la subsistencia cotidiana de los hogares. De acuerdo con la propia letra del decreto y con la información oficial disponible, el régimen alcanza a alrededor de 50.000 trabajadores rurales temporarios y estacionales en todo el país, y contempla además a unos 83.000 hijos de aportantes, lo que da una dimensión del universo familiar protegido por esta ventana legal.

Qué contratos quedan cubiertos y qué beneficios se conservan

• Trabajadores bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario (Ley 26.727).
• Trabajadores agropecuarios con contratos eventuales, incluidos los periodos de prueba.
• Trabajadores comprendidos en Convenios de Corresponsabilidad Gremial, el instrumento que vincula a productores, gremios y organismos fiscales para formalizar las contribuciones de las economías regionales.
• Tarjeta Alimentar, asignaciones familiares y el programa Volver al Trabajo, en tanto se cumplan las condiciones de cada beneficio.

En la práctica, lo que la prórroga garantiza es que el ingreso a una cosecha bajo contrato formal ya no implica el corte automático de los beneficios sociales que el trabajador y su familia venían percibiendo. Esa continuidad se sostiene mientras la relación laboral se mantenga dentro de las modalidades previstas y por los plazos que la propia norma define.

Un piso de ingresos equivalente a la AUH

Uno de los puntos centrales del régimen es el piso de ingresos para los hogares con hijos. El decreto ratifica que las asignaciones familiares que perciban estos trabajadores no pueden ser inferiores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo, es decir, el mismo monto que cobra un beneficiario puro de la AUH. En los hechos, eso significa que el ingreso familiar mínimo por cada hijo queda blindado frente a la duración acotada de la temporada: se trabaje un mes, tres o los seis que el propio régimen considera límite, la asignación no cae por debajo de ese umbral. Para los tareferos de Misiones, los cosecheros de citrus de Corrientes o los viñateros cuyanos, donde las campañas pueden ser breves y muy intensas, ese piso opera como una garantía concreta.

La norma incorpora, además, una cláusula de transición hacia el empleo formal pleno: cuando el vínculo laboral bajo estas modalidades se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios de programas sociales —con excepción de la Tarjeta Alimentar— pasan a computarse como parte del salario. Es decir, lo que el Estado dejaba de pagar como plan empieza a ser sustituido por remuneración genuina, en un esquema que apunta a la registración efectiva y no a la coexistencia indefinida.

Rebaja de contribuciones para los empleadores y advertencias gremiales

Para los empleadores agropecuarios, el decreto mantiene la reducción de contribuciones patronales como incentivo a la registración, un punto especialmente sensible para producciones con márgenes ajustados y fuerte exposición a los vaivenes climáticos y de precios internacionales. En paralelo, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) había reclamado, antes de la prórroga, que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen, un dato que dimensiona el impacto potencial de una decisión que, en los papeles, ya estaba prácticamente encaminada.

El gremio, conducido por José Voytenco, venía advirtiendo que la falta de renovación podía empujar a miles de productores a volver a la informalidad o directamente a no levantar cosecha. "La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental para garantizar el acceso al trabajo formal y la protección social", señaló la entidad antes del anuncio, en un contexto donde las economías regionales suelen pagar salarios por debajo de la inflación y dependen fuertemente de la mano de obra estacional para sostener el circuito productivo.

En la chacra, mientras tanto, la discusión es otra. Los colonos de la zona tabacalera de Misiones consultados por este medio coinciden en que el régimen sirve, sobre todo, para que el tarefero no quede afuera del sistema cuando la persona entra a una campaña. Don Enrique Kubsch, productor de la colonia San Pedro, en el Alto Paraná misionero, resume el sentir de varios colegas cuando dice que "antes, tomar a un trabajador en época de cosecha significaba pelearse con el Anses; ahora, al menos, hay reglas claras, aunque el precio de la hoja verde siga sin alcanzar". Esa frase contiene, en realidad, los dos polos de la cuestión: un régimen social que compatibiliza planes con empleo registrado, y una economía regional que sigue sin poder traducir esa estabilidad administrativa en mejores ingresos para el productor y el cosechero.

La pregunta que queda abierta, y que atraviesa a toda la cadena, es quién se termina quedando con la diferencia entre lo que el Estado paga como asignación compatible y lo que el cosechero efectivamente cobra en el surco o en la cuadrilla. Mientras esa ecuación no se cierre del lado de los precios y de la rentabilidad del productor, la prórroga del régimen será siempre un alivio provisorio para las familias rurales, pero no la solución de fondo para una actividad que, cosecha tras cosecha, sigue perdiendo trabajadores frente a la oferta urbana de jobs.