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VIE, 16 OCT 2026
Economía

Mendoza abre una mesa de negociación para familias ahogadas por deudas de tarjetas y préstamos al consumo

El Gobierno provincial habilitó un procedimiento gratuito de conciliación para renegociar compromisos financieros cuando los pagos superan el 30% de los ingresos del hogar. El mecanismo exige acuerdo con los acreedores y excluye hipotecas, deudas alimentarias y obligaciones comerciales.

JP
Juan Pablo BogadoEconomía y comercio · · lectura 3 min
Mendoza abre una mesa de negociación para familias ahogadas por deudas de tarjetas y préstamos al consumo

Vamos a los números. La Provincia de Mendoza puso en marcha un mecanismo administrativo y gratuito para que las familias consumidoras puedan renegociar deudas contraídas con tarjetas de crédito, préstamos personales y otros financiamientos al consumo. La herramienta, instrumentada a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), dependiente de Defensa del Consumidor, no impone condiciones a los bancos ni a las plataformas financieras: cualquier modificación de montos, plazos o intereses debe ser aceptada por el acreedor.

Quiénes pueden pedir la conciliación y bajo qué parámetros

Quiénes pueden pedir la conciliación y bajo qué parámetros

El acceso al procedimiento está condicionado por tres requisitos centrales. En primer lugar, la persona solicitante debe tener domicilio real acreditado en la provincia de Mendoza y ser considerada consumidora final, es decir, que la deuda no provenga de una actividad comercial, profesional o empresarial. En segundo término, debe atravesar una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. Y, en tercer lugar, la escala de la deuda no puede exceder el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de iniciar el trámite.

La vara para medir la insolvencia se fija en relación con los ingresos del grupo conviviente. El procedimiento aplica cuando los compromisos financieros mensuales superan el 30% de los ingresos netos del hogar. Cuando se configuran situaciones de especial vulnerabilidad social, ese umbral desciende al 25%. Entre los casos alcanzados por la franja más baja se mencionan hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, desempleados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales.

  • Préstamos personales otorgados por entidades financieras.
  • Financiamiento de compras en comercios.
  • Saldos y consumos de tarjetas de crédito.
  • Créditos otorgados por plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.
  • Deudas con garantía hipotecaria.
  • Obligaciones alimentarias.
  • Multas y sanciones penales.
  • Deudas empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar.

Cómo funciona la mesa de negociación

El trámite se inicia en la OCDC, donde la persona interesada debe presentar un detalle de sus acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de sus activos y pasivos. Defensa del Consumidor se encarga de citar a los acreedores, que cuentan con hasta 10 días hábiles para informar su posición sobre la deuda y las eventuales condiciones de pago.

Durante la instancia, la persona deudora puede plantear distintas alternativas para hacer frente a los compromisos: esquemas de cuotas que se adecuen a su capacidad de pago, períodos de espera antes de retomar los pagos, extensión de los plazos originalmente pactados y, en algunos casos, quitas sobre el capital o los intereses. También puede solicitar la eliminación de intereses punitorios y de los gastos por mora, siempre que exista conformidad del acreedor.

Comparado con el año anterior, la novedad más relevante es la institucionalización de un canal específico para reestructurar pasivos de consumo, que hasta ahora se canalizaba de manera dispersa a través de los mecanismos de Defensa del Consumidor. La Provincia buscó ordenar la negociación en una mesa única, con plazos y condiciones previamente establecidos.

Lo que conviene mirar el mes que viene

El indicador a seguir de cerca en los próximos meses es la cantidad de audiencias de conciliación efectivamente celebradas en la OCDC, así como el porcentaje de acuerdos homologados sobre el total de casos iniciados. Esos números permitirán dimensionar si los acreedores están dispuestos a aceitar quitas, esperas y reestructuraciones de plazo, o si el procedimiento termina funcionando como una ventanilla administrativa sin impacto real sobre la carga financiera de las familias mendocinas.

JP
Juan Pablo BogadoEconomía y comercio

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