Un efectivo de la Policía de Mendoza fue imputado por el abuso sexual de una detenida en una comisaría de Godoy Cruz

El oficial ayudante Cristian Daniel Moyano Sánchez, de la Policía de Mendoza, fue detenido e imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, en una causa que se tramita en la Justicia provincial y que tomó intervención la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional, con actuación en los juzgados de instrucción de turno. La carátula responde a la calificación legal aplicada por los fiscales a cargo de la pesquisa.

De acuerdo con la investigación, el hecho se produjo en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz, donde la víctima, de 42 años, se encontraba privada de su libertad por causas vinculadas a maniobras de estafa. La mujer declaró que fue traslada desde la celda hasta el baño de la dependencia, lugar en el que se habría consumado el ataque. Cerca de una hora más tarde, solicitó un teléfono para contactarse con su abogado defensor y le refirió lo ocurrido. El letrado radicó de inmediato la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Las pruebas reunidas hasta el momento

• El Cuerpo Médico Forense llevó adelante pericias físicas y psicológicas sobre la denunciante y constató lesiones y rastros compatibles con una relación sexual reciente.
• Se secuestró el teléfono celular del acusado y prendas íntimas de ambas partes, cuyos análisis preliminares arrojaron resultados en la misma dirección.
• Los investigadores secuestraron registros fílmicos y documentales de la comisaría, incluidas las cámaras de seguridad y los libros de novedades, para reconstruir los movimientos internos durante la jornada del hecho.
• Se tomaron testimonios a otras mujeres que permanecían alojadas en la dependencia al momento de los hechos, a fin de establecer si existieron situaciones similares no denunciadas previamente.

La Fiscalía encuadró la conducta en la figura de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por personal de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. En el escrito de imputación, los representantes del Ministerio Público argumentaron que, por el contexto de encierro, la mujer no estaba en condiciones de prestar un consentimiento válido, lo que vuelve a la acusación especialmente sensible en términos institucionales.

De acuerdo con la investigación, Moyano Sánchez se desempeñaba como escribiente en la comisaría y no portaba arma reglamentaria, dado que registraba una causa previa por violencia de género y se encontraba bajo seguimiento psicológico. Tras la audiencia de formulación de cargos, se ordenó su detención y su traslado a las celdas del Polo Judicial, donde permanece a disposición de la Justicia. En paralelo, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia resolvió su apartamiento inmediato de la fuerza y analiza el pase a situación pasiva, en función del avance del expediente.

La próxima instancia del proceso contempla la realización de nuevas pericias complementarias, la ampliación de declaraciones testimoniales y la evaluación de los registros fílmicos secuestrados. Una vez completadas esas medidas, la Fiscalía resolverá si solicita la prisión preventiva del acusado y, en ese caso, la elevación de la causa a juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal del efectivo involucrado.