Una socia de la concesionaria de Pilar declaró ante la fiscalía y apuntó contra deudores morosos por dos millones de dólares

En el marco de la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción de Oberá, con intervención del fiscal Andrés Quintana, Cynthia Chamoles, de 44 años, socia y pareja del titular de Autos Pilar Premium, prestó declaración indagatoria luego de ser detenida junto a Carlos González, de 43, en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en la localidad bonaerense de Pilar. El hecho se produjo en el contexto de una investigación por presuntas estafas y administración fraudulenta en la venta de vehículos de alta gama.

De acuerdo con la investigación, la imputada sostuvo que la sociedad atravesó un desfasaje financiero provocado por compradores que adquirieron automóviles con financiamiento y dejaron de pagar sus cuotas en el último período. Según declaró ante el fiscal Quintana, la empresa posee pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares, y el total de deudas a cobrar ascendería a unos dos millones de dólares.

Los morosos señalados

Entre los deudores identificados por Chamoles figura un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial, al que la concesionaria le habría entregado una Land Rover Evoque. "Se le entregó una Land Rover Evoque. Nos debe 120.000 dólares. Nunca nos pagó", declaró la indagada. Asimismo, mencionó una camioneta Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, sobre la que pesa un embargo vigente y cuya liberación consideró clave para recuperar liquidez.

Víctimas y montos

• Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien habría entregado en consignación una camioneta Ford Ranger Raptor sin recibir el producido de la venta.
• El diputado nacional Manuel Quintar, que según la denuncia pagó 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, parte mediante transferencias bancarias y parte en efectivo.
• Al menos 35 damnificados fueron identificados hasta el momento en el expediente judicial.

Por su parte, Carlos González describió en su propia indagatoria un descalce financiero cercano a los seis millones de dólares. Detalló que la empresa creció desde un local en el Shopping Champagnat hasta una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, llegando a vender alrededor de cien vehículos por mes en su mejor momento. El empresario atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada. Tras una orden del juez federal de Campana, los vehículos fueron retirados; cuando la concesionaria volvió a ocupar el espacio, el magistrado dispuso el secuestro de nueve unidades y procesó a González por desobediencia.

La instancia que sigue en el expediente es la evaluación por parte del fiscal Quintana de los elementos aportados por ambos indagados y de la documentación respaldatoria, en procura de resolver la situación procesal de los detenidos y avanzar en la identificación del resto de los compradores morosos señalados por la pareja.