Aysa pide un salto del 22,6% en la boleta de agua para seis de cada diez hogares del AMBA

A un precio de hoja verde todavía en discusión, el ojo de la tormenta se corre ahora hacia otra tarifa sensible del bolsillo doméstico: la boleta de agua y cloacas que emite Agua y Saneamientos Argentinos en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, donde la compañía acaba de poner sobre la mesa un pedido de incrementos que, según sus propios números, recortará el ingreso disponible de buena parte de los usuarios residenciales mientras dejará a otros con la factura prácticamente congelada o incluso a la baja. La propuesta, que todavía no fue aprobada, ya fue derivada a una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento y reabre el debate sobre cómo se distribuye el costo de un servicio esencial en una región donde el agua no es un bien opcional.

Tres de cada diez usuarios con bajas o sin cambios, pero la mayoría paga más

De acuerdo con el detalle que difundió la empresa, el impacto del nuevo esquema no sería uniforme: un 60% de los usuarios residenciales enfrentaría aumentos promedio del 22,6%, un 20% recibiría reducciones promedio del 14,7% y el 20% restante mantendría exactamente el mismo importe que viene abonando en la actualidad. Para el conjunto de los hogares del área metropolitana, la factura mensual promedio ponderada -sin impuestos- pasaría de 27.156 a 30.250 pesos, lo que equivale a una variación del 11,4% y funciona apenas como una referencia agregada, muy lejos de lo que efectivamente sentirá cada familia en su cuenta según la zona, el tipo de inmueble y el nivel de consumo registrado.

La aplicación de las subas, además, no sería de un solo golpe. AySA plantea que los cargos modificados por los coeficientes zonales se actualicen con un tope del 5% mensual acumulativo hasta converger en el importe previsto, una mecánica que busca morigerar el impacto inicial pero que también extiende en el calendario el tiempo durante el cual el usuario paga un valor intermedio entre la tarifa vieja y la nueva. A eso se suma un punto particularmente sensible para los hogares de menores ingresos: quienes abandonen los segmentos más económicos dejarán de percibir en tres cuotas mensuales el descuento adicional del 15% que hoy se aplica sobre la factura, un desgranamiento progresivo que puede neutralizar buena parte del alivio inicial que muchos usuarios creen tener garantizado.

Menos coeficientes, más complejidad: cómo se recalcula la boleta

• Los coeficientes zonales, que contemplan la ubicación y las características del inmueble, se reducirían de once niveles actuales a cinco, lo que simplifica la grilla pero al mismo tiempo borra matices que hasta ahora amortiguaban diferencias entre barrios y tipos de propiedad.
• Para los usuarios sin medidor, la modificación de esos coeficientes redefine de manera directa el cargo fijo, ya que deja de lado el consumo medido como variable de ajuste y lo reemplaza por un esquema más territorial.
• En el Radio Antiguo porteño, el valor del metro cúbico de cloacas se ajustaría para incorporar el cobro asociado a los desagües pluviales, un componente históricamente subsidiado que empieza a trasladarse a la factura.
• El tope del 5% mensual acumulativo se aplica únicamente a los cargos modificados por los coeficientes zonales, de modo que otros componentes de la boleta pueden actualizarse por separado y en distintos plazos.

El rediseño no se agota en los hogares. Para comercios, industrias e instituciones, AySA proyecta una reducción media del 2,2%: el 63% no registraría cambios, el 22% obtendría bajas y el 15% pagaría más, lo que configura un mapa de ganadores y perdedores distinto al residencial pero con la misma lógica de redistribución interna. En paralelo, los terrenos baldíos -que en muchos casos funcionan como proxy de la valuación del suelo más que del consumo- sufrirían un incremento promedio del 7,6%, con la factura pasando de 17.822 a 19.172 pesos mensuales sin impuestos, un movimiento que también puede leerse como un intento de la empresa por alinear el aporte de quienes hasta ahora pagaban una boleta casi simbólica.

La audiencia pública y la pregunta sobre quién se queda con la diferencia

La compañía argumenta que el incremento de recaudación previsto se destinará a ampliar la cobertura del Programa de Tarifa Social, una caja de compensación interna que en los papeles busca proteger a los sectores más vulnerables pero que en la práctica se financia con el aumento que pagan los usuarios que dejan de estar en los segmentos subsidiados. Antes de cualquier resolución definitiva, el ERAS convocó a una audiencia pública virtual en la que las observaciones no serán vinculantes, aunque el organismo estará obligado a explicar caso por caso cómo las incorporó al expediente o por qué las descartó, una obligación de respuesta que ordena el debate pero que, como ya quedó demostrado en otras audiencias sobre servicios públicos, no siempre se traduce en cambios concretos sobre el cuadro tarifario que finalmente se aprueba.

La inscripción para participar de la audiencia estará abierta entre las 10 del 8 de octubre y las 10 del 24 de octubre, y allí los usuarios, las defensorías del pueblo, las asociaciones de consumidores y los propios municipios podrán plantear cuestionamientos técnicos, sociales y económicos sobre una propuesta que, en los papeles, combina un aumento promedio del 22,6% para la mayoría residencial con bajas para una quinta parte de los usuarios. La pregunta que sobrevuela toda la discusión es la de siempre y la que, tarde o temprano, termina definiendo el humor de cualquier debate tarifario: si la empresa necesita más recursos para sostener y expandir el servicio, y si la mayoría va a pagar más, quién se queda finalmente con la diferencia entre lo que se recauda de más y lo que efectivamente se traduce en obras, en mejoras de presión, en cloacas que no se desbordan y en agua que llega con la calidad que la factura parece prometer.