Salud mental en alerta: las internaciones se disparan y las guardias se llenan de consultas que antes no llegaban

Son las nueve de la mañana y la guardia del hospital ya está llena. En la fila, una mujer de unos cincuenta años le cuenta a la que tiene al lado que llevó a su hijo adolescente porque hace meses no duerme y cada vez se aísla más. La otra le responde, mientras mira el cartel de turnos, que a su marido le pasó algo parecido después de quedarse sin trabajo y sin la prepaga. Acá en la zona centro, donde vivo, esas conversaciones que antes eran raras hoy se escuchan casi todos los días, en cualquier sala de espera o en la vereda de la salita del barrio.

Esas escenas cotidianas empiezan a tener un correlato en los números. Un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, con datos aportados por los ministerios de Salud de 14 provincias que en conjunto representan más del 70% de la población argentina, muestra que las consultas ambulatorias por problemas de salud mental crecieron 23% en el último año, mientras que las internaciones se incrementaron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses. El informe fue presentado en el Senado, en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010.

Adolescentes y quienes perdieron su cobertura, los más golpeados

Marta, vecina del barrio San Martín, me lo dijo mientras cargaba una bolsa con compras: "Mi nena tiene quince, el año pasado era otra, y ahora no quiere ni salir de la pieza. Yo no sé si es la edad o el mundo que les toca". Esa sensación que se repite en las mesas de las familias argentinas aparece reflejada en el estudio: la demanda de atención viene creciendo con fuerza entre niñas, niños y adolescentes, y también entre personas que perdieron la cobertura de obras sociales o prepagas y terminaron pasando al sistema público.

El caso de la provincia de Buenos Aires resulta elocuente: el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias corresponde hoy a problemas de salud mental, un volumen que hasta hace pocos años hubiera parecido impensado. Las jurisdicciones que aportaron datos son Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, a las que se sumaron Entre Ríos y Río Negro en el encuentro en el Senado.

• Consultas ambulatorias: crecieron 23% en el último año.
• Internaciones: subieron 42% entre 2023 y 2026, con un 12% adicional en los últimos doce meses.
• Camas nuevas: se incorporaron al menos 388 en hospitales generales entre 2021 y 2026.
• Redes comunitarias: trece de las catorce provincias ampliaron centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para consumos problemáticos.
• Provincia de Buenos Aires: 3 de cada 10 consultas en guardias son por salud mental.

Más recursos, pero con equipos que no alcanzan

El relevamiento también describe el otro lado de la moneda: entre 2021 y 2026 se sumaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales de todo el país y trece de las catorce provincias reforzaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. Sin embargo, las autoridades provinciales fueron tajantes al señalar que esas capacidades están "sobreexigidas" frente a una demanda que no cesa, y que existen dificultades serias para completar los equipos con disciplinas críticas, como psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales.

Entre las prioridades que las provincias pusieron sobre la mesa aparecen cuatro ejes que se repiten provincia por provincia: aumentar la inversión, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos y producir información epidemiológica nacional de calidad. También reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, algo que, según reconocieron, se fue perdiendo con los años.

El debate por la reforma de la ley

El informe llegó al Senado en medio del debate por una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010 y considerada un piso de garantías para la atención de los padecimientos mentales en el país. Las autoridades provinciales plantearon que la propuesta en discusión "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos", una advertencia que deja al descubierto la tensión entre un sistema que ya atiende más y una ley que, según los propios funcionarios, podría retroceder en derechos sin asegurar más recursos.

A mí, como vecina y como cronista, me queda la sensación de que los números de este informe no hablan solo de estadísticas: hablan de Marta y de su hija, del marido de la señora de la guardia, de los pibes y las pibas que ya no salen y de los profesionales que corren de un consultorio a otro para responder como pueden. Mientras en el Congreso se discute cómo reformar la ley, en las salas de espera y en las casas de familias como las que nosotros conocemos, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: qué va a pasar cuando un hijo, un hermano o un amigo necesite una respuesta a tiempo y el sistema, otra vez, no alcance. Eso es lo que muchos esperan que no vuelva a pasar.